Tras conocerse los fundamentos de la condena a la Vicepresidenta, su equipo de abogados cuestionó lo expuesto y prepara una apelación que podría hacer que el caso lo tenga que resolver la Corte Suprema.
La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner trabaja por estas horas en la apelación de la sentencia del juicio conocido como Vialidad y el eje estará puesto en plantear que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 “no expuso pruebas directas sino que recurrió a una construcción basada en supuestos indicios” para justificar la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida contra la exmandataria.
Integrantes de la defensa jurídica de Cristina Kirchner estudiaron los fundamentos de la condena dictada en diciembre por el TOF 2 y señalaron a la agencia oficial Télam que de la lectura detallada de las 1616 carillas se desprende que “el propio Tribunal comienza la valoración de la prueba con la aclaración de que no tiene prueba directa, pero que condenará por supuestos indicios”.
¿Un fallo endeble?
Las fuentes explicaron que la defensa de la Vicepresidenta concentrará sus críticas, entre otros puntos, en los fundamentos que sostienen que Fernández de Kirchner dictó el decreto 54/2009 (que modificó un fideicomiso del año 2001 e incorporó como beneficiaria a la Dirección Nacional de Vialidad) para favorecer a las empresas de Lázaro Báez.
“No es un decreto que asignaba una partida presupuestaria a una obra en particular. Decía que esos fondos podían gastarse en obras viales, no solo de Lázaro Báez sino de cualquiera que las realizara”, afirmaron.
Mensajes de Whatsapp
También será cuestionada la utilización de los mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono celular del exministro de Obras Públicas, José López, que fueron considerados como material de prueba por el tribunal, con la intención de establecer una supuesta vinculación de la expresidenta con los movimientos de las empresa de Báez en los meses previos al recambio de gobierno de diciembre de 2015.
Para los jueces, los diálogos entre López y un secretario presidencial de aquel momento son prueba de que la Vicepresidenta estaba al tanto de las supuestas maniobras, aunque no hubiera ningún mensaje emitido por ella misma.
“¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, se preguntaron los jueces.
Las fuentes que cita la agencia Télam señalaron que si la inferencia del TOF 2 fuera correcta habría bastado con citar en calidad de testigos a quienes mantuvieron las comunicaciones con López para que las pudieran explicar, cosa que no ocurrió a lo largo del juicio oral.
Conexión con Hotesur
Otro de los puntos que atacará la defensa es el vinculado al supuesto interés económico personal de la Vicepresidenta en los negocios de Báez: “Para esa construcción, los jueces invocaron la causa Hotesur en varias oportunidades, pero en esa causa, al menos por ahora, todos los imputados están sobreseídos y la está revisando Casación”, advirtieron.